REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO.

195 Y 146°

Actuando en Sede Civil

EXPEDIENTE N° 5.801-05

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES

PARTE ACTORA: CARLOS ADON CEBALLOS DÍAZ, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cédula de identidad N° 3.376.751, con domicilio en esta ciudad.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogados ANGEL LUIS GONZALEZ, XIORELDY NEDERR, SIMON FAJARDO y OSCAR RAFAEL PEREZ FONSECA inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Números 101.004, 99.763, 34.709 y 99.681 respectivamente.

PARTE ACCIONADA: BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliada en Caracas, Torre Banco de Venezuela, Avenida Universidad, Esquina Sociedad, Distrito Capital e inscrita originalmente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, el Tercer Trimestre del año 1.890, quedando registrada bajo el N° 33, folio 36 Vto., del libro duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal el 02 de septiembre de 1.890, bajo el N° 56, modificando sus estatutos sociales en diversas oportunidades, siendo su última reforma en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 13 de octubre de 2.003, bajo el N°. 5, Tomo 146-A Sgdo., representado por su Presidente ciudadano MICHEL GOGNIKAN.

APODERADO ESPECIAL DE LA DEMANDADA: Abogado JOSE ANTONIO VELÁSQUEZ PERAZA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 93.851, con domicilio procesal en el Conjunto Residencial “Villa Hermosa” N° 5, Prolongación de la Avenida Bolívar, Urbanización Antonio Miguel Martínez de esta ciudad de San Juan de los Morros.

.I.


Se inicia el presente procedimiento de Cobro de Bolívares, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, alegando los Apoderados Judiciales del accionante en su libelo de demanda entre otras cosas lo siguiente: “..que en fecha tres (03) de mayo de 2.001 el ciudadano CARLOS CEBALLOS procedió a demandar por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico a la Asociación Civil INCE GUARICO, para que la misma procediera a pagar la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 6.136.503.50), por concepto de diferencia de prestaciones sociales y de fideicomiso…en fecha nueve (09) de mayo de 2.001, nuestro mandante asistido por el abogado Juan Carlos Sánchez Márquez y mediante diligencia otorgó PODER APUD ACTA a los abogados JULIO CESAR RUIZ ARAUJO y JUAN CARLOS SANCHEZ MARQUEZ, presentado en copia fotostática simple marcada con las letras y números (BV1). En fecha tres (03) de mayo de 2.002 el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dicta su decisión definitiva condenando a la Asociación Civil INCE Guárico al pago de Prestaciones Sociales, Fideicomiso no cancelado y ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo para determinar la indexación monetaria de las cantidades a pagar, para un total de SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 6.749.757,91)…en fecha Dos (02) de Diciembre del año 2.002 el abogado Hadiee Ronald Valero Camargo, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Asociación Civil INCE Guárico y el abogado Julio César Ruiz Araujo, actuando en su condición de apoderado judicial, para el juicio (con un Poder Apud-Acta) , del ciudadano Carlos Ceballos, procedieron a realizar una Transacción Judicial, tomando el contenido de la sentencia definitivamente firme del Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. En dicha Transacción se acordó librar un cheque con la Cláusula expresa “No Endosable” a nombre de Carlos Ceballos, por la cantidad de Seis Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete Bolívares Con Noventa y Un Céntimos (Bs. 6.749.757,91), según consta en cheque N° 00002980 girados en contra de la cuenta corriente N° 460-788045-6, del Banco de Venezuela, esto con el objeto que nuestro representado pudiera cubrir todos y cada uno de los conceptos peticionados y condenados a pagar. Pero es el caso que uno de los abogados que representaban en el juicio laboral al accionante de autos, se presentó al Banco de Venezuela, sin ningún tipo de facultad expresa y procedió a cobrar el mencionado Titulo Valor, incurriendo los representantes del Banco de Venezuela en Responsabilidad Civil, Daños y Perjuicios y Lucro Cesante en contra del demandante.

Sigue acotando el actor que la obligación de Indemnizar los Daños y Perjuicios esta consagrado en el artículo 1.264 del Código Civil Venezolano Vigente; que no basta con el incumplimiento o la inejecución pura y simple de la obligación, sino que además debe concurrir otra condición fundamental: que dicho incumplimiento sea de carácter CULPOSO, es por ello que por esa conducta Culposa por parte del Banco de Venezuela al pagar un cheque NO ENDOSABLE y a nombre del ciudadano Carlos Ceballos, a una persona no facultada para efectuar el cobro como lo efectuó el ciudadano JULIO CESAR RUIZ ARAUJO es por lo que solicitan la indemnización de los Daños y Perjuicios causados por la Institución Bancaria, además de que el accionante motivado a esta situación ha sufrido un no aumento de su patrimonio desde el 2 de diciembre del año 2.002, conocido como LUCRO CESANTE. Citó algunas Doctrinas y Jurisprudencias; para continuar expresando que recurre a la instancia jurisdiccional para demandar a la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, para que convenga o sea condenada en pagar los siguientes conceptos: 1.- SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 6.749.757,91), equivalente al resultado de la sumatoria del monto condenado a pagar emitido en un CHEQUE NO ENDOSABLE a nombre del actor y que fue pagado de manera CULPOSA por el Banco de Venezuela a otra persona distinta. 2.- Los intereses moratorios ocasionados y calculados prudencialmente desde el día 02 de Diciembre de 2002 hasta la fecha de la demanda, que arroja un total de trescientos treinta y dos (332) días (es decir que de Bs. 6.749.757,91 X el 18% de interés = Bs. 1.214.956,42 entre 360 días del año X 30 días del mes = Bs. 101.246,36 cada mes X 11 meses transcurridos = Bs. 1.113.710,05); sumando un total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CENTÍMOS (Bs. 7.863.467,96). 3.- La cantidad de Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 50.000.000,00) como indemnización por los daños y perjuicios compensatorios y moratorios causados y ocasionados por el Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal al actor, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.271 y 1.264 del Código Civil Venezolano Vigente. 4.- El pago de la cantidad por el Lucro Cesante, la cual se estima en la cantidad de Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,oo). 5.- Solicitaron una experticia complementaria del fallo para determinar la indexación monetaria de la cantidad antes señalada y que sea calculado en base al Índice de Precios al Consumidor determinados por el Banco Central de Venezuela, que la referida experticia sea realizada por un único experto designado por el Tribunal de la Causa. Estimaron la demanda en la cantidad de Setenta Millones de Bolívares (Bs. 70.000.000,oo). Fundamentaron la acción en los Artículos 152, 153, 154 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 376, 377, 379, 419 del Código de Comercio y 1.169, 1.184, 1.264, 1.691, 1.688 del Código Civil.

Por auto de fecha 11 de noviembre de 2.003, el Tribunal de la Recurrida, admite la demanda y se abstiene de ordenar la citación del Banco de Venezuela, S.A., en la persona del ciudadano Heraldo Arvelo, tal como fue indicado en el libelo de la demanda por los accionantes, ya que esta, debe efectuarse en la persona de sus representantes legales.

En fecha 24 de Noviembre del mismo año, se inhibe de conocer la causa el Juez Titular del mencionado Tribunal, la cual fue declarada Con Lugar. Después de agotarse la convocatoria de los Suplentes y Conjueces, se nombra como Juez Accidental a la Abogada Maribel Del Valle Caro Rojas para conocer de la presente causa; quien habiendo aceptado el cargo, se avoca a su conocimiento.

El actor por diligencia de fecha 29 de Abril de 2.004, solicita la citación de la demandada en la persona del ciudadano Michel J. Gogoikian, en su condición de Presidente. En fecha 20 de Mayo del mismo año el actor revoca el poder otorgado a los abogados BLADIMIR INFANTE, MANUEL R. ZAVALA ESCOBAR y SIMON ALBERTO FAJARDO CONTRERAS, otorgándoselo a los abogados ANGEL LUIS GONZALEZ, XIORELDY NEDERR y SIMON FAJARDO. El Tribunal de la recurrida en fecha siete (07) de Junio de 2.004 acuerda la citación de la demandada en la persona de su Presidente, librando para tales efectos despacho de comisión al Juzgado Primero de los Municipios del Área Metropolitana de Caracas, quien una vez cumplida fue devuelta con sus resultas al Juzgado de la causa.

Estando dentro del lapso procesal legal, la demandada, a través de su Apoderado Judicial Especial, dio contestación a la demanda rechazando, negando y contradiciendo en todas sus partes lo alegado por la parte actora cuando dice que su representada o sus representantes, han incurrido en Responsabilidad Civil, Daños Y Perjuicios y Lucro Cesante en su contra por haber pagado un Cheque a su Apoderado Judicial quien tenía facultades expresas para recibir cantidades de dinero, como esta establecido en el Artículo 154 del Código de Procedimiento Civil; señala así mismo el contenido del Artículo 152 ejusdem y el Artículo 1.169 del Código Civil, acotando que como el Cheque es una orden de pago pura y simple, librada en contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden; por lo tanto su representada, pagó validamente el Cheque a la persona que tenía facultad expresa para realizar el cobro; ya que era su Apoderado Judicial con facultades expresas para poder recibir cantidades de dinero. Sigue expresando el demandado que la doctrina y la legislación venezolana no distingue entre un Poder Apud-Acta y un instrumento Poder autenticado por ante un Notario Público, ya que en el Poder Apud-Acta dicho apoderado tenía facultades expresas para Recibir Cantidades de Dinero y por lo tanto, tenía la facultad expresa de hacer efectivo un instrumento de pago. Por lo tanto, mal pudiera su representada incurrir en los presuntos DAÑOS Y PERJUICIOS Y LUCRO CESANTE, por lo tanto su representada jamás pudo tener una conducta culposa; así como lo alegado en el Capitulo III, correspondiente a la Doctrina y Jurisprudencia en donde los apoderados de la parte actora tratan de desvirtuar el contenido de dichas sentencias, en sus anexos BV2, BV3, BV4 y BV5, en donde se comprueban que los Poderes Apud-Actas, son eficaces para que actúen en el juicio que contiene el expediente en el que fue otorgado el Poder, según lo establecido en el Artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. Impugnó por excesiva la cuantía mediante la cual se estima la presente demanda, de conformidad con el Artículo 38 del Código de Procedimiento Civil; Opuso la falta de cualidad del demandado para sostener el juicio, fundamentándolas en que el Apoderado judicial de la parte actora para el momento del cobro del instrumento de pago estaba en la obligación de entregar la cantidad de dinero recibida al ciudadano Carlos Adon Ceballos Díaz, Apoderado Judicial, quien es la persona obligada por la Ley a cumplir con el deber de entregar la cantidad de dinero recibida en la Transacción Judicial; lo alegado en el Capítulo IV, las pretensiones de la parte actora de que su representada le cancele la suma de Seis Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete Bolívares con Noventa y Un Céntimos (Bs. 6.749.757,91), por el cheque pagado, la suma de Siete Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con Noventa y Seis Céntimos (Bs. 7.863.467,96), la suma de Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 50.000.000,oo), por concepto de indemnización de daños y perjuicios compensatorios y moratorios, la cantidad de Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,oo) por concepto de Lucro Cesante.

Siendo la oportunidad para la promoción de pruebas, el apoderado judicial de la accionada, procedió a hacerlo, invocando a favor de su representada el mérito favorable de los autos, en todo aquello que le favorezca; Promovió copias certificadas del Expediente N° 21.296, nomenclatura llevada por el Tribunal Primero de Primera Instancia del Trabajo (hoy extinto), que se encuentra en el Archivo Judicial de esta Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dichas copias certificadas son de los folios Uno (01) al Tres (03), que corresponden al Libelo de la Demanda, que incoa el ciudadano Carlos Adon Ceballos Díaz en contra de la Asociación Civil INCE-GUARICO, por Prestaciones Sociales y Otros Conceptos, la del folio Cinco (05) que corresponde al Poder Apud Acta que fue otorgado por el referido ciudadano a sus Abogados; todas estas de la Primera Pieza de dicho expediente. Las copias certificadas de los folios Veintiséis (26) al Cincuenta y Cinco (55) de la Segunda Pieza de dicho expediente, que corresponden a la Decisión en ese proceso y la transacción en dicho juicio.

La parte accionante promovió el mérito favorable de los autos a favor de su representado, invocó los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; La contradicción existente en la contestación de la demanda, ya que niega genéricamente, pura y simple, y luego acepta ciertos hechos, trayéndole como consecuencia La Admisión como Cierto de los hechos, cita los Artículos 361 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Doctrinas y Jurisprudencias de Tribunales de Instancias y Tribunal Supremo de Justicia, opuso e hizo valer para que surtan sus efectos legales, marcado con la letra “PC” Poder otorgado por el ciudadano Carlos Ceballos a los Abogados Julio César Ruiz Araujo y Juan Carlos Sánchez Márquez, para probar: a) Que no consta la facultad de disponer del derecho en litigio, la referida facultad debe ser expresa; b) No consta la facultad de cobrar cheques con la cláusula o denominación “NO ENDOSABLE”; C) No consta la facultad para cobrar ningún tipo de cheque aún los “NO ENDOSABLE”, y el cheque estaba a nombre del ciudadano Carlos Ceballos, fundamentó esta probanza en el Artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, promovió y consignó, marcado con la letra ”DH”, Cheque N° 00002980 (anverso y reverso), girado contra el Banco de Venezuela Grupo Santander, a nombre del ciudadano CARLOS CEBALLOS, por la cantidad de Bs. 6.749.757,91, de fecha 19 de Noviembre del 2002, emitido por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por el reverso consta que fue cobrado por Julio César Ruiz Araujo, en el Banco de Venezuela con el Nro. De cédula 9.890.663, y lo canceló la Caja N° 10, del Banco de Venezuela, San Juan de los Morros, en fecha 06 de Diciembre del 2002, con lo que prueba que un cheque que en la cara adversa tiene la cláusula “NO ENDOSABLE”, el Banco de Venezuela irresponsablemente, canceló el mencionado cheque incurriendo en los daños, perjuicios y lucro cesante a favor de su representado; solicitó la exhibición del Cheque N° 00002980, para probar que el Banco de Venezuela canceló éste, a otra persona distinta a quien fue emitido; Poder Apud Acta, con el cual fue cobrado el mencionado titulo valor.

Evacuadas como fueron las pruebas, el Tribunal de la Recurrida las admite, para la prueba de Exhibición del Cheque N° 00002980, girado contra el Banco de Venezuela, Grupo Santander, a favor del ciudadano Carlos Ceballos, por la cantidad de Seis Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete Bolívares con Noventa y Un Céntimos (Bs. 6.749.757,91), de fecha 19-11-2002, se ordenó la intimación al mencionado Banco, sucursal San Juan de los Morros, en la persona de su Apoderado Judicial, para lo cual fue librada Boleta de Intimación, el mismo fue exhibido en fecha treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Cuatro 2004 y comienza a correr el lapso para la presentación de los informes respectivos, haciendo uso de ese derecho ambas partes. El Apoderado Judicial de la parte demandada, después de hacer una narración de los hechos sucedidos en el juicio, consigna copia certificada del expediente N° 21.926 del Tribunal Primero de Primera Instancia del Trabajo (hoy extinto), que se encuentran en el Archivo Judicial de esta Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de los folios 01 al 03 corresponde al Libelo de la Demanda, que incoa el ciudadano Carlos Adon Ceballos Díaz en contra de la Asociación Civil INCE-GUARICO por Prestaciones Sociales y Otros Conceptos; la Copia Certificada del folio cinco (05) que corresponde al Poder Apud Acta en donde el ciudadano Carlos Adon Ceballos Díaz otorga dicho instrumento a sus Abogados; todas estas de la Primera Pieza del mencionado expediente, las Copias Certificadas del folio veintiséis (26) al Cincuenta y Cinco (55), corresponden a la Decisión de ese proceso y la transacción en dicho juicio.

El Coapoderado de la parte demandante presentó sus informes, en dos (02) folios útiles, haciendo mención a los acontecimientos ocurridos en el transcurso del proceso, para finalmente solicitar la declaratoria con lugar de la demanda y estimó el valor de su actuación profesional por la elaboración del escrito de informes en la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.oo).

Llegada la oportunidad para dictar sentencia, el Tribunal A Quo lo hace declarando Sin Lugar la demanda, decisión esta apelada por el Apoderado Judicial del actor y oída la misma en ambos efectos, se remite el expediente a esta Superioridad, que al recibirlo y darle entrada fijó el vigésimo (20) día de despacho siguiente para la presentación de los informes respectivos, haciendo uso de ese derecho solo la parte accionada, en los términos allí expresados, consignando escrito de observaciones a esos informes el accionante de autos. Llegada la oportunidad para dictaminar el fallo, esta Alzada pasa a hacerlo y al efecto observa:
.II.

Llegan a ésta Superioridad actas contentivas del Juicio que por Cobro de Bolívares intentara la Actora – Recurrente, en contra de la excepcionada y donde la recurrida a través de fallo de fecha 15 de Junio del año 2.005, declara SIN LUGAR la acción propuesta. En efecto, consta a los autos específicamente del escrito libelar el contenido de las pretensiones del Actor expresando que Acciona contra el BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL, pues autorizó el pago de un titulo valor (cheque) a su nombre, entregándole el monto de tal instrumental mercantil a su Apoderado Apud Acta.

En efecto, señala el Recurrente – Actor, que su apoderado Apud Acta JULIO CESAR RUIZ ARAUJO, en el Juicio que intentó contra la Asociación Civil INCE Guárico, por conceptos laborales, suscribió una transacción judicial, en fecha 02 de Diciembre de 2.002, donde se libró un cheque con cláusula expresa de “NO ENDOSABLE”, a favor del Trabajador – Actor – Recurrente, por un monto SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 6.749.757, 91) según consta de cheque N° 00002980 girado en contra de la cuenta corriente N° 460-788045-6 del Banco de Venezuela; siendo que el Abogado JULIO CESAR RUIZ ARAUJO, efectuó el cobro en el banco, - expresa el Actor -, sin estar autorizado, pues hizo tal cobro de un cheque NO ENDOSABLE a través de un poder Apud – Acta. Es en base a ello, que reclama como pretensión libelar el monto del capital del cheque demandado; los intereses moratorios demandados; y la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo Bs) por concepto de daños y perjuicios compensatorios y moratorios; un lucro cesante de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (10.000.000,oo Bs), más los costos y costas del proceso, aunado a la Indexación o Corrección monetaria, estimando la pretensión en un monto total de SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 70.000.000,oo). Ante tales pretensiones del Actor, la excepcionada en la oportunidad preclusiva de la perentoria contestación, impugna por exagerada, de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en monto de la cuantía de la pretensión, utilizando además la fórmula de la “Infitatio” para negar y contradecir la demanda en cada una de sus partes. Aunado a ello, señala que el Instrumento Poder Apud – Acta, de conformidad con el artículo 154 ejusdem, sí contenía una expresa facultad de recibir cantidades de dinero, expresando: “… y como, el cheque es una orden de pago pura y simple, librada en contra de un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden; por lo tanto mi representada… pagó validamente el cheque a la persona que tenía facultad expresa para realizar el pago…” Oponiendo además, la Falta de Cualidad como defensa perentoria al expresar que el apoderado estaba en la obligación de entregar la cantidad de dinero recibida al Actor.

Ante tal Trabazón de la Litis, observa ésta Superioridad que debe pronunciarse en limine sobre el punto relativo al ataque o impugnación de la cuantía libelar realizada por el excepcionado en contra del actor, observando esta Alzada, que efectivamente el actor establece un monto de lucro cesante expresando que ello se debe a una merma o no aumento de su patrimonio desde el día 02 de diciembre del año 2.002, hasta la presente fecha; siendo de observarse, que el lucro cesante, es aquél aumento monetario que se deja de percibir como consecuencia de un hecho culposo o doloso ocasionado por el responsable, pero donde el solicitante debe establecer como determina esa merma y como llega así establecimiento del monto de los DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo), circunstancia que no alega ni prueba en el decurso del iter procesal. En efecto, tanto contractualmente como por hecho ilícito pueden generarse daños y perjuicios, que se dividen a su vez en daños materiales y daños morales; dentro de los daños materiales, encontramos el lucro que cesa y el daño que emerge, debiendo el actor asumir una carga alegatoria adecuada, donde determine cómo el incumplimiento de la obligación, en el caso de autos, por efecto del pago indebido, le generó un lucro que cesó. Al no haber establecido tal circunstancia, esta Alzada debe rechazar tal pedimento y así se establece. De la misma manera, demanda el actor CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.50.000.000,oo) como indemnización de Daños y Perjuicios compensatorios y moratorios, sin expresar cuáles son esos daños y en que consisten, y sin asumir tampoco la carga de la prueba de los referidos daños. No expresa el actor si los daños son emergentes, cesantes o morales y la relación de causa-efecto que generan tales daños y no habiendo por ende alegado en forma correcta la determinación de tal circunstancia fáctico-jurídica no puede asumir carga probatoria, debiendo desecharse tal pretensión ante la falta de determinación correcta o adecuada que permitan al excepcionado el Derecho de Defensa, todo ello involucra, que la impugnación realizada por la demandada, en relación al monto del escrito libelar, debe prosperar al ser exagerado en su determinación y así se establece.

Ahora bien, esta Alzada observa que una de las funciones principales de las instituciones Bancarias en relación a la intermediación financiera, es la de crear medios de pago; vale decir, los Bancos Universales, tienen dentro de sus funciones el manejo de cuentas y créditos ordinarios donde desenvuelven sus actividades esenciales mediante depósitos, que constituyen a su vez, la fuente principal de trabajo y sin ello sería imposible la actividad de estos; siendo que, los depósitos primarios, es decir, los constituidos por dinero líquido obtenido de sus ahorristas, son reembolsados al público por medio de cheques y transferencias; siendo que, el cheque es un instrumento valor de pago de contenido crediticio, teniendo su origen en una palabra inglesa, conocida como “Billls Off Exchequer”, que contenía ordenes o mandatos de pago emitidas por los sob