REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO JULIAN MELLADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
197° y 146°


SENT. N° I-01-07
EXP. N° 553-07.

I.
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE DEMANDANTE: JOSE GREGORIO MAVAREZ PICO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-9.883.470, domiciliada en la calle Descanso, casa N° 45, El Sombrero, Estado Guárico.

APODERADO JUDICIAL: CARLOS ALBERTO OROCUA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.673.693, Abogado en ejercicio, Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 84.462, domiciliado en El Sombrero, Estado Guarico.

PARTE DEMANDADA: HECTOR LUIS CELIS SOLANO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-11.123.314. y domiciliado en el Sector El Tamarindo, actualmente 05 de Julio, casa s/n al lado del Hotel los leones del c.a., El Sombrero, Estado Guárico.

II.
El presente procedimiento se inicio por libelo de demanda presentado ante este Tribunal, en fecha 15 de diciembre de 2006, por el ciudadano JOSE GREGORIO MAVAREZ PICO, debidamente asistido por el abogado en ejercicio CARLOS ALBERTO OROCUA HERNÁNDEZ, contra el ciudadano: HECTOR LUIS CELIS SOLANO, por DESALOJO.
Por auto de fecha 08 de enero del 2007, se admitió la demanda y se libro Boleta de Citación al demandado.
Mediante diligencia de fecha 10 de enero del 2007, compareció el Alguacil RICARDO CELIS LUGO y consignó recibo en la cual hace constar que citó al ciudadano: HECTOR LUIS CELIS SOLANO.
Citada la parte demandada como consta en autos y siendo la oportunidad para dar contestación a la demanda, compareció por ante este Tribunal el ciudadano HECTOR LUIS CELIS SOLANO, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio CARLOS BORGES PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.518.910, Inpreabogado N° 30.785, quien consignó escrito constante de cuatro (04) folios útiles y sus anexos constante de seis (06) folios útiles, mediante el cual opone cuestiones previas de conformidad con el artículo 346 Ordinales 1° y 2° del Código de Procedimiento Civil y contesta al fondo la Demanda.
En fecha 16 de enero del 2007, el ciudadano: JOSE GREGORIO MAVAREZ PICO, parte actora otorga Poder apud-acta al Abogado en ejercicio CARLOS ALBERTO OROCUA HERNANDEZ, identificado en autos.
Ahora bien, este Tribunal para decidir, pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
La parte demandada asistido de Abogado, en la oportunidad de dar contestación a la demanda opuso a la misma, conforme a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la Cuestión Previa de Incompetencia de este Tribunal para conocer de la presente demanda, esta sentenciadora pasa a pronunciarse sobre la misma y al efecto observa:
“…En relación a la estimación de la demanda efectuada por la parte actora, la rechazo, objeto e impugno, por los siguientes razonamientos jurídicos:
La parte actora estimó la demanda en la cantidad de dos millones quinientos mil bolívares (Bs. 2.500.000), basándose para ello en la supuesta afirmación de que el valor de los daños ocasionados al inmueble monta a esa cantidad, es decir la estimación la hizo en base a presuntos daños materiales cuya documentación fehaciente y pertinente debe ser reclamada en pretensiones y acciones distintas.
La estimación pretendida viola el artículo 36 del código de procedimiento Civil, referida a las reglas de la estimación de la demanda cuando se trata de pretensiones arrendaticias y que la jurisprudencia ha considerado reiteradamente que son normas de orden público, que el valor de la demanda no podrá ser estimada a su libre arbitrio sino que es rigurosamente legal; es decir que ha sido fijada por la Ley, y en consecuencia se debe aplicar al caso concreto el Artículo que corresponda y en la pretensión por Desalojo intentada la regla que debe imperar para la estimación del valor de la causa es la contenida en el Artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, es decir, para estimar la demanda, “SE DETERMINARÁ ACUMULADO LAS PENSIONES O CANONES DE UN AÑO”, y no sobre el monto de unos presuntos daños. “Sentencia de fecha 31 de Octubre del año 2000, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Carlos Oberto Vélez. Partes: Filomena Napolitano de Scotti Versus Pierre Claus.
Como consecuencia de los razonamientos anteriores y en aplicación de la regla contenida en el mencionado artículo 36 del Código de Procedimiento Civil. INVOCO LA CUESTION PREVIA ESTATUIDA POR EL ORDINAL 1° DEL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMEINTO CIVIL referida a la incompetencia del Tribunal en razón de la Cuantía ya que si acumulamos 12 meses de pensiones arrendaticias, equivalentes a un año, la suma total sería se SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 6.000.000,oo) por canon de arrendamiento, monto que se evidencia de los recibos de cancelación que se consignan con el presente escrito de contestación…”
En tal sentido, este Tribunal observa que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de la interpretación de los artículo 35, 36, 37, 38 y 39 del Código de Procedimiento Civil Vigente, estableció que el valor de las demandas no las fija la parte demandante a su libre arbitrio, sino que tiene que ser rigurosamente legal; es decir, que ha sido fijada por la Ley, en consecuencia el demandante debe aplicar al caso en concreto el artículo correspondiente. La misma Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que el precepto legal que regula la estimación del valor de las demandas cuando éste no conste, pero que sea apreciable en dinero, es el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil establece: “Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará. El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulado al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva. Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien resolverá sobre el fondo de la demanda, y no será motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente.”
La presente disposición legal es complementada con el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas.”
Ahora bien, cuando se trate de demandas de arrendamientos el Artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, establece: “En la demandas sobre la validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Sí el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año”.
Según lo establecido, observa este Juzgado que del minucioso estudio de autos se determinó que del canon de arrendamiento mensual de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo), la suma de un año de pensión arrendaticia, asciende a la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000,00), monto en el cual se debe estimar la demanda de conformidad con el Artículo 36 del Código de Procedimiento Civil y por tanto se considera que ésta cuantía no le corresponde conocer a este Tribunal de Municipio, sino a un Tribunal de Primera Instancia competente por la cuantía y con jurisdicción en el Municipio Julián Mellado del Estado Guárico, es decir, al Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, competente para conocer, sustanciar y decidir en definitiva la presente causa, en consecuencia, este Tribunal debe declinar el conocimiento de la presente causa, por ser incompetente en razón de la cuantía, en el mencionado Tribunal de Primera Instancia, por lo que se concluye que la cuestión previa opuesta es procedente. Y así se declara.
III
Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado del Municipio Julián Mellado de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la cuestión previa de Incompetencia para conocer de la presente demanda, prevista en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil vigente, opuesta por la parte demandada HECTOR LUIS CELIS SOLANO, debidamente asistido por el abogado en ejercicio CARLOS BORGES PEREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 30.785, en el juicio de DESALOJO, interpuesto por el ciudadano: JOSE GREGORIO MAVAREZ PICO, debidamente asistido por el abogado en ejercicio CARLOS ALBERTO OROCUA HERNANDEZ, Inpreabogado N° 84.462, todos suficientemente identificados en autos. En consecuencia, este Tribunal DECLINA el conocimiento de la presenta causa, por considerarse incompetente en razón de la cuantía, ya que la misma es hasta CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,oo) en el Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de los Morros, a quien se acuerda remitir el expediente original junto con oficio para su conocimiento.
En virtud de la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes y déjese copia para el archivo.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado del Municipio Julián Mellado de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en El Sombrero, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil siete. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
La Juez Prov.

Dra. Carmen Alicia Rodríguez.
La Secretaria.

Abg. Isabel Yoaly Barrios Pérez.

En esta misma fecha, siendo las 02:30 de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia, notificándose a las partes, dejándose copia certificada, conforme lo ordenado.

La Stria.