REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

Decisión N° 03

CAUSA: JP01-R-2006-000244
IMPUTADO: WILLIANS ALBERTO PEREZ HERRERA Y OTRO.
MOTIVO: APELACION DE AUTO
PONENTE: RAFAEL GONZALEZ ARIAS.


Las presentes actuaciones suben hasta esta Corte de Apelaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensora pública penal N° 08, Abg. Marydee Rodríguez Carrillo, en su condición de defensora de los ciudadanos Jonathan Rafael Peña Loreto y Willians Alberto Pérez Herrera, contra la decisión dictada por el juez tercero de control, en fecha 06-10-2006, mediante la cual suspendió la celebración de la audiencia preliminar y mantuvo la medida de privación preventiva de la libertad.

NULIDAD PARCIAL DE OFICIO

La decisión recurrida acordó suspender la realización de la audiencia preliminar, fijada con motivo de la presentación del acto conclusivo acusatorio, hasta tanto el Ministerio Público cumpliera con las diligencias de investigación requeridas por la defensa del imputado, al considerar que la presentación del escrito acusatorio omitiendo tales diligencias, constituye una violación del derecho a la defensa previsto en el artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra el carácter contradictorio del proceso penal, lo cual significa que desde el propio inicio de la investigación la persona del imputado tiene acceso a la misma para proveer lo que considere necesario para su defensa. El artículo 280 eiusdem, amplía el principio contradictorio señalando que la fase de investigación tiene por objeto “la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado.”. En idéntico sentido el legislador se pronunció en el artículo 281 de nuestra ley penal adjetiva.

Estos principios nos indican que la fase de investigación no puede concluir en un acto acusatorio sin antes haberle permitido al imputado ejercer ampliamente su derecho a la defensa con el objetote incorporar a la investigación los elementos “que sirvan para exculparle”.

En ejercicio del mencionado principio el imputado, de conformidad con el artículo 305 del mencionado texto procedimental, puede proponer la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos, las cuales necesariamente deberán realizarse aún en contra de la opinión del Ministerio Público, quien tan solo podrá limitarse a dejar constancia de su disentimiento.

Visto lo anterior, es lógico concluir que toda acusación que haya inobservado los mencionados principios y garantías del imputado, incumple con requisitos esenciales para su procedibilidad, defecto éste que de conformidad con el artículo 328 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal en correspondencia con el artículo 28 ordinal 4°, letra “e” eiusdem, puede ser hecho valer en la audiencia preliminar, y aún de oficio por tratarse del orden público constitucional puede ser declarado por el juez de la causa.

En consecuencia, la decisión recurrida al diferir la audiencia preliminar está obviando el momento procesal idóneo para corregir la situación planteada por la defensa sobre el incumplimiento por parte del Ministerio Público de las diligencias de investigación solicitadas por el imputado y su defensa técnica, o por el contrario declarar que tal omisión no se produjo.

Tal pronunciamiento subvirtió el orden procesal, pues sólo en la audiencia preliminar puede decidirse sobre la validez o no del acto acusatorio, y por ende sobre la situación de libertad del imputado, en consecuencia se declara, de conformidad con los artículos 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad parcial de la decisión de fecha 10 de octubre de 2006, dictada por el juez de control N° 03 del Circuito Judicial Penal del estado Guárico en lo relacionado con la suspensión de la audiencia preliminar, por lo tanto se repone la causa al estado en que se fije nuevamente la audiencia preliminar para que en esa oportunidad procesal se resuelva sobre la validez o no del acto conclusivo acusatorio, y de decidirse la invalidez se resuelva sobre la situación de libertad del imputado. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la nulidad parcial de la decisión de fecha 06 de octubre de 2006, dictada por el juez de control N° 03 del Circuito Judicial Penal del estado Guárico en lo relacionado con la suspensión de la audiencia preliminar, por lo tanto se repone la causa al estado en que se fije nuevamente la audiencia preliminar para que en esa oportunidad procesal se resuelva sobre la validez o no del acto conclusivo acusatorio, y de decidirse la invalidez se resuelva sobre la situación del imputado. Todo de conformidad con los artículos 14, 191, 195, 305 328 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese. Notifíquese1 Ofíciese. Diaricese. Déjese copia certificada. Cúmplase.
EL JUEZ PRESIDENTE (PONENTE)


RAFAEL GONZALEZ ARIAS
LA JUEZ,


FATIMA CARIDAD DACOSTA
EL JUEZ,



MIGUEL ANGEL CASSERES GONZALEZ



LA SECRETARIA,


ZULIMAR CASTRO DE VIEIRA

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

LA SECRETARIA.
VOTO SALVADO

Fátima Caridad DaCosta, Juez miembro principal de la Sala Unica de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, salva su voto en la presente decisión relacionada con el Asunto Nº JP01R-2006-000244, por las razones siguientes:

El Tribunal de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, publicó decisión el 06-10-2006 mediante la cual se decretó la Suspensión de la Audiencia Preliminar, hasta tanto se practiquen diligencias necesarias solicitadas por la defensa, y se negó la sustitución de la medida privativa de libertad decretada en contra de los ciudadanos Willians Alberto Pérez Herrera y Jonathan Rafael Peña Loreto por no haber variado las circunstancias que dieron lugar a dicha privativa; a dichos ciudadanos se le sigue proceso por la presunta responsabilidad en la ejecución del delito de Robo Agravado de Vehiculo previsto y sancionado en el artículo 5 , 6 ordinales 1º, 2º y 3º de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores ocurrido en perjuicio de Jorge Silvestre Colmenares Díaz.
Contra dicha decisión ejerció Recurso de Apelación la Defensora Pública Penal Nº 08 Abog. Marydee Rodríguez Carrillo actuando en representación de los co-imputados arriba mencionados; y con fundamento al artículo 447 numeral 5º del Código Orgánico Procesal Penal, al no compartir tal y como lo señala en su escrito recursivo, el punto referente a la negativa de sustituir la medida privativa de libertad, por una medida cautelar menos gravosa.

La ponencia de la cual disiento, entra a declarar de oficio la nulidad de la decisión parcialmente apelada, fundamentándose para ello, precisamente en el punto del fallo que no impugnado, pues la defensa del imputado, señaló en su escrito que no impugnaba tal pronunciamiento.

Por tal razón mi posición, la cual fue rechazada por la mayoría de los miembros de esta Corte, se limitó a declara la inadmisibilidad del recurso, por tratarse de una decisión declarada inimpugnable por el propio legislador, cuando en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, faculta al Juez de Primera Instancia, para examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas privativas y cautelares, cada tres meses, pudiendo si lo estima prudente, sustituir las mismas por una medida menos gravosa.

Pero señala el legislador de manera expresa en la mencionada norma adjetiva, “…que la negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida, NO TENDRÁ APELACIÓN.

Por ello consideré que el recurso ha debido ser declarado inadmisible con fundamento al artículo 437 letra “c” del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, la suspensión de la Audiencia Preliminar por faltar diligencias solicitadas por la defensa, que ameritan ser analizadas y apreciadas , en mi criterio no subvierte el orden procesal, por cuanto se trata de diligencias solicitadas de manera oportuna y en caso de realizarse, pueden modificar íntegramente el contenido de la acusación.

Lo que sí está obligado el Juez de control si la acuerda, es de dictar una Medida menos gravosa, por cuanto existe retardo que afecta la libertad del acusado, en consecuencia, no se violenta el derecho a la defensa, sino el derecho a ser juzgado en libertad, por un retardo en la investigación, no imputable a él.

La audiencia preliminar constituye el acto más importante de la fase intermedia y en consecuencia, si la acusación no cumple con los requisitos de ofrecer todos los elementos probatorios que aporta la investigación, sean éstos tanto para demostrar la culpabilidad, como para exculpar al acusado, el juez de control está facultado para suspender el acto, con la finalidad de que se subsane la falla; asi lo establece el artículo 330 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal cuando señala:
1.- En caso de existir un defecto de forma en la acusación del Fiscal o del querellante éstos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia , pudiendo solicitar que ésta se suspenda, en caso necesario, para continuarla dentro del menor lapso posible…

Como podemos observar el artículo 326 eiusdem al referirse a los requisitos que debe contener la acusación , hace referencia en el numeral 5, al ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad…

Es obvio, que el fiscal como director de la investigación, no investiga sólo lo que perjudica al acusado, sino también, lo que lo favorece; y por lo tanto sino lo ofrece como prueba, esa acusación presenta un defecto de forma que obliga a suspender la audiencia, para esperar cumplir con dichos requisitos, situación que debe prosperar dentro de un lapso muy breve, por razones de celeridad procesal.

Dejo de esta forma expresada de manera breve mi posición en el presente caso, el mismo dia de su publicación en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, el dia de Mayo del año dos mil siete.
EL JUEZ PRESIDENTE DE SALA,


RAFAEL GONZÁLEZ ARIAS
LA JUEZ DISIDENTE,


FÁTIMA CARIDAD DACOSTA
EL JUEZ,


MIGUEL ANGEL CÁSSERES GONZÁLEZ.
LA SECRETARIA,