REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS.-

Caracas, 01 de octubre de 2007
Años: 197° y 148°

PARTE DEMANDANTE:
• C.A. CENTRAL BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil, domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 29 de octubre de 2.001, bajo el N° 01, Tomo 46-A, ente resultante de la fusión por absorción autorizada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, según resolución N° 212.01 de fecha 11 de octubre 2.001 debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.306 de fecha 18 de octubre del 2001 y notificación por Oficios N° SBIF-CJ-DAF-7956 y SBIF-CJ-DAF-7957 de fecha 23 de octubre de 2.001, entre el BANCO HIPOTECARIO VENEZOLANO, C.A., inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 31 de agosto de 1961, bajo el N° 64, Tomo 22-A, modificado por sucesivos documentos inscritos en ese Registro Mercantil, siendo su último modificación relacionada con el cambio de denominación social y domicilio, en fecha 26 de octubre del 2.001, anotado bajo el N° 12, Tomo 205-A-Pro y CENTRAL ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO C.A., originalmente inscrita como sociedad civil por la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, el 26 de septiembre de 1963, bajo el N° 73, folio 235, Tomo 5, Protocolo 1 y transformada en Compañía Anónima, según documento inscrito por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el dia 27 de agosto de 1.998, bajo el N° 91, Tomo 243-A-Qto., por lo que C.A. CENTRAL BANCO UNIVERSAL es el Sucesor a titulo universal, del patrimonio de las Instituciones ante la Notaría Pública Quinta de Barquisimeto, Municipio Ibarren, Estado Lara, en fecha 13 de noviembre de Dos Mil Uno, inserto bajo el N° 82, Tomo 137 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaría.
APODERADOS JUDICIALES:
• Los ciudadanos ALFREDO E. VITALE y VERONICAVITALE, abogados en ejercicio, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la cédula de identidad N° 3.177.670 y 11.310.757, e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 11.496 y 64.943, respectivamente.

PARTE DEMANDADA:
• CORPORACIÓN CARD CLUB, C.A, empresa de servicios de tarjetas de crédito
EXPEDIENTE N°: 23.728

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.


Se inicia la presente demanda por Libelo de Demanda introducido por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de junio de 2006, por los ciudadanos ALFREDO E. VITALE y VERONICA VITALE, abogados en ejercicio, e inscritos en el INPREABOGADO bajo los N° 11.496 y 64.943, respectivamente en su carácter de apoderados judiciales de C.A. CENTRAL BANCO UNIVERSAL.

En fecha 26 de julio 2.006, consignó recaudos que fundamentan la acción de cobro el abogado RICARDO SPERADIO ZAMORA.

Por auto de fecha 03 de agosto de 2.006, este Juzgado procedió ha admitir la presente demanda.

Mediante diligencias de fecha 13 de febrero de 2.007, suscrita por la abogada en ejercicio VERONICA VITALE, antes identificada consigno reforma de la demanda y anexos.

En auto de fecha 23 de febrero de 2.007, se procedió a admitir la demanda y su reforma.

En fecha 27 de marzo de 2.007, consigno diligencia la abogada VERONICA VITALE, apoderada judicial de la parte actora, en solicito se librara las respectivas compulsas.
En diligencia de fecha3 de abril de 2.007, suscrita por la abogada VERONICA VITALE, en su carácter acreditado en autos, a los fines de solicitar se libre oficio y comisión al Tribunal competente.
Por auto de fecha 26 de abril de 2.007, se acordó librar oficio y comisión a los fines que se practique la citación de la parte demandada.
Mediante diligencia de fecha 3 de mayo de 2.007, comparece la abogada de la parte actora, quien solicitud se le designe correo especial.
Por auto del 10 de mayo de 2.007, se acordó se designe correo especial a la ciudadana VERONICA VITALE GUITIERREZ, a los fines que haga llegar el oficio que contiene la comisión para practicar la citación de la parte demanda.
En diligencia de fecha 06 de agosto de 2.007, compareció el abogado EDUARDO CÁCERES, en su carácter de apoderado de la parte actora.
Mediante auto dictado por este Juzgado en fecha 19 de septiembre de 2.007, se insto a la parte demandante a consignar documento en el cual se constante el supuesto vinculo que une a la ciudadana MARIA LUISA SABANA de CASARETTI, con el demandado.
II

Este Tribunal para decidir observa:

Narradas como han sido las actuaciones que conforman el presente expediente, este Tribunal observa a las actas procesales que conforman el mismo, que existe una situación de inejecución de actos procesales, o más bien, una falta de diligencia por parte de la actora, en lo que respecta al impulso de la continuación de la causa, ya que se evidencia de los autos, que desde la fecha 06 de agosto de 2007, hasta la presente fecha, la parte actora no ha realizado actividad procesal alguna a los fines de impulsar la presente acción, y más aún no ha hecho las gestiones pertinentes para la intimación de la parte demandada, motivo por el cual, quien aquí decide considera que estamos en presencia de uno de los supuestos establecidos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, frente a una Perención de la Instancia, entendiéndose que la misma es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad procesal. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias.-

La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.

Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.

Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330, “… El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad , sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”

Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMBERT, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:

… b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
… c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso. “
(Subrayado del Tribunal).-

De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, ya que de autos se evidencia que la parte actora, no realizó acto procesal alguno que presumiera a esta Juzgadora que tenían el ánimo de continuar con la prosecución de la presente causa, ni mucho menos, con la interrupción de la perención que estaba transcurriendo en el presente juicio, es así, como se observa que ha operado la Perención de la Instancia, ya que desde la fecha 06 de agosto de 2. 007, hasta el día de hoy, no existe actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo ut-supra indicado, el cual es del tenor siguiente:

“… Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes…”

En base a lo analizado en la presente motiva, es que esta Juzgadora considera que debe declararse la Perención de la Instancia, en el presente juicio, y así debe ser declarado en la dispositiva de la presente decisión.- Y así se declara.-



III
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad De La Ley, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-

No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado.

DADA, SELLADA Y FIRMADA EN LA SALA DE DESPACHO JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, A LOS (01 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO (2.008).- Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Dra. ELIZABETH BRETO GONZALEZ
EL SECRETARIO TITULAR,

Abg. JOSE OMAR GONZALEZ




En esta misma fecha, a los (01) días del mes de abril de 2.008, siendo las 10:30 de la mañana se publicó y registró la anterior decisión.
EL SECRETARIO TITULAR,

Abg. JOSÉ OMAR GONZALEZ.

Exp . N° 23.728
EBG/JOG/or.